En un hecho sin precedentes, colectivos de familias buscadoras y la Comisión Nacional de Búsqueda iniciaron excavaciones en predios de la propia Fiscalía General del Estado de Nayarit. La intervención responde a testimonios que señalan que instalaciones oficiales fueron utilizadas para el ocultamiento de restos humanos durante periodos de colusión criminal. Bajo el resguardo de la Guardia Nacional y el uso de georradares, los colectivos exigen transparencia ante la sospecha de que la institución encargada de impartir justicia operó como un sitio de inhumación clandestina.