El caso de Edith Guadalupe ha dejado de ser solo una tragedia de violencia de género para convertirse en un escándalo de corrupción institucional. A la ineficacia de la Fiscalía para localizar a los responsables, se suma la grave denuncia de su familia: funcionarios públicos exigieron dinero para realizar los peritajes y agilizar una investigación que es su obligación constitucional.

En un acto sin precedentes, alumnos de la ENBA, la ESE y diversas unidades del Politécnico irrumpieron esta tarde en los estudios de Canal Once, interrumpiendo la señal en vivo para denunciar un presunto esquema de corrupción y desvío de recursos dentro de la institución. Los manifestantes utilizaron los micrófonos de la televisora para señalar la opacidad en el manejo del presupuesto y el deterioro de sus planteles, exigiendo una auditoría inmediata a la administración central.

La localización sin vida de Edith Guadalupe Valdés en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez ha desatado una ola de indignación contra la Fiscalía capitalina. A pesar de que la familia entregó la ubicación exacta por GPS desde la noche del miércoles, las autoridades demoraron casi 40 horas en realizar el cateo alegando trabas administrativas, tiempo suficiente para que la joven fuera asesinada.