El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad de las fuerzas políticas un dictamen que remite una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación Superior ante el Congreso de la Unión, a fin de garantizar la permanencia y conclusión de estudios universitarios de mujeres embarazadas, madres o en periodo de lactancia.
La iniciativa, promovida por el diputado Saúl Mireles (PAN) en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc, sancionará con penas de uno a tres años de prisión y de 60 a 300 días de multa a quien de forma reiterada y sin consentimiento persiga, vigile, contacte o intimide a una persona con el fin de ejercer control o coacción. La reforma permitirá castigar a quien persiga, vigile o contacte repetidamente a una persona para intimidarla, controlarla o causarle miedo.
Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y de Justicia de la LXVIII Legislatura quedaron formalmente instaladas para analizar la propuesta de reforma al Código Penal del Estado conocida como “Ley Ingrid”.